Eso es lo que les ha ocurrido a los jeltzales apoltronados en la Diputación de Gipuzkoa que, en vísperas de la tamborrada, salieron a la palestra para lanzar otra brillante propuesta: cobrar peaje en el puerto de Etxegarate. «Su» problema -compartido con la Diputación de Araba- es que, después de gastar más de 700 millones de euros en construir la flamante AP-1 entre Eibar y Gasteiz, ahora resulta que el tráfico de vehículos por la autopista no es el esperado. Vamos, que quienes se desplazan entre Donostia y Gasteiz prefieren hacer diez kilómetros más por la N-I y llegar unos pocos minutos más tarde que por la AP-1 y, ya que estamos en crisis, ahorrarse 9,77 euros en cada trayecto (19,54 si es ida y vuelta); para los transportistas, las tarifas van de 17 a 20 euros por viaje.

Es decir, a los errores de previsión de quienes tanto esfuerzo dedican a «convencer» a la ciudadanía de lo buenos que son todos sus macroproyectos, se ha sumado aquí la capacidad de persuasión de un peaje que, seguramente, se acomoda más a la alta capacidad de sus bolsillos que a la del resto de contribuyentes, se muevan en automóvil o no.

Ahora, hagamos un ejercicio de previsión realista: ¿En cuánto calculan que se desviarán sus previsiones con el tren de alta velocidad? ¿Cuál creen que será el peaje que querrán trasladar a los billetes de cercanías de la SNCF, de Renfe o de la red actual de EuskoTren para paliar el previsible déficit del TAV? ¿Y cuánto creen que les importa a ellos todo esto?