Mediados de febrero. Ése es, en principio, el periodo hasta el cual se pueden presentar alegaciones a los Proyectos de Explotación, Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental de las canteras de Urkulu y Dukesa, en Deba, y de la de Campazar, en Arrasate. Tras las correspondientes resoluciones dictadas por la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Vasco el pasado 17 de diciembre, ambas propuestas se encuentran abiertas desde el 14 de enero a las dudas, consultas y observaciones que puedan llegar tanto de particulares como de los distintos organismos y asociaciones interesados.

En aplicación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, las dos canteras, que llevan varios años en funcionamiento, deben someterse a una evaluación individualizada de impacto ambiental. Un trámite que es independiente de las prórrogas que se obtienen desde la Dirección de Minas y que conlleva la citada recepción de alegaciones y su análisis por parte del Ejecutivo vasco.

Hasta mediados de febrero, no obstante, los colectivos y particulares interesados tienen tiempo para analizar la forma y el contenido de sus reclamaciones. "Aún estamos trabajando en ello", aseguran, por ejemplo y en relación a las dos canteras de Deba, desde Mutriku Natur Taldea (MNT). Eso sí, dejan entrever que sus alegaciones tendrán que ver con una preocupación muy concreta. "Canteras hacen falta, pero nos preocupa el ritmo de explotación, que últimamente se ha disparado y multiplicado", explican.

puerto de pasaia Según señalan desde MNT, el proyecto de Dukesa y Urkulu pretende unir ambas canteras, funcionar durante otros 30 años y, cuando éstos se cumplan, solicitar una nueva prórroga. "Con la productividad económica que hay ahora no hay una necesidad tal de material. Vemos claro que es para el puerto de Pasajes y nos preocupa que se pueda ir al traste toda la apuesta por el medio natural potenciada estos últimos años en el valle de Lastur. Creemos que el proyecto de las canteras afectaría por completo al medio rural", insisten.

Además, sostienen que tanto Dukesa como Urkulu estuvieron funcionando durante décadas sin la necesaria licencia municipal y que, si bien la primera obtuvo ese permiso del Ayuntamiento en 2007 (según afirman, la segunda no lo tiene), lo hizo después de que se concediera la prórroga -por parte de Minas- de su actividad.

Por último, recuerdan que parte de las instalaciones serán subterráneas (con galerías por dentro del monte en el área minera de Urkulu) y que eso "aumenta el peligro".